La Generalitat Valenciana pagará un total de 99.222 euros a la esposa de un paciente que murió por un error de diagnóstico
La Generalitat deberá pagar 99.222 euros a la esposa de un paciente que falleció en el Hospital Vega Baja de Orihuela por una infección abdominal no detectada por los médicos que le trataban, que creyeron que sufría una embolia pulmonar y no le prescribieron el tratamiento oportuno.
Según indica una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la ComunitatValenciana (TSJCV), el hombre murió por falta de un correcto diagnóstico y tratamiento postoperatorio.
El paciente ingresó el 21 de diciembre de 1998 en el citado hospital, tras caer de un andamio mientras trabajaba y sufrir diferentes fracturas en las costillas. Cuatro días después de ser operado, su estado general comenzó a empeorar, presentando vómitos y molestias abdominales, por lo que los médicos le realizaron algunas pruebas y determinaron que sufría una embolia pulmonar, yf inalmente, tras un deterioro progresivo, el paciente falleció el 27 de diciembre.
Según la prueba pericial médica, el cirujano, el internista y el intensivista que le atendían "no consideraron la posibilidad de que el cuadro de vómitos con náuseas y molestias abdominales" y su empeoramiento general "fuera debido a una infección abdominal". Esto supuso "un grave error" de diagnóstico que privó al paciente de un tratamiento oportuno que "posibilitó su muerte", añade la sentencia del TSJCV.
Por ello, el tribunal reconoce el derecho de la demandante a percibir 99.222 euros de indemnización por parte de la Generalitat, a la que en este caso considera responsable de un "anormal" funcionamiento del servicio público.
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=3519
Visto el 3 de mayo de 2007
Mostrando entradas con la etiqueta praxis. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta praxis. Mostrar todas las entradas
viernes, 12 de octubre de 2007
El Supremo condena a dos médicos a indemnizar a los padres de un niño con síndrome de Down por no realizar una prueba diagnóstica
El Supremo condena a dos médicos a indemnizar a los padres de un niño con síndrome de Down por no realizar una prueba diagnóstica
El Tribunal Supremo ha condenado a dos médicos dependientes del Instituto Catalán de la Salud a indemnizar con la cantidad de 90.152 euros (15 millones de pesetas) a los padres de un bebé que nació con Síndrome de Down.
El alto tribunal considera que los doctores violaron el derecho a la información de los progenitores ya que no les informaron de la pertinencia de que la madre se sometiera a la denominada prueba de Triple Screening, que sirve para descartar algunas enfermedades cromosómicas del feto.
Los padres imputaban a los dos especialistas demandados la no realización de esta analítica de sangre y la vulneración de sus derechos de información, que les privó de su derecho a decidir si la madre se sometía a una interrupción legal del embarazo.
Según la sentencia del alto tribunal, hecha pública hoy, en el año en el que nació el niño, 1996, ya se tenía conocimiento de la existencia de la citada prueba y se aconsejaba su práctica a todas las gestantes por parte del Colegio de Médicos de Barcelona.
El Tribunal Supremo destaca en el fallo que a pesar de que la madre -que tenía en el momento del parto 31 años- no se encontrara en situación de riesgo relevante, «si existían pruebas para conocer el riesgo de concebir un hijo con malformaciones debió ser informada sobre las técnicas de diagnóstico».
Los dos médicos, considera la sentencia, tenían la obligación de proporcionar esta información y no lo hicieron, a pesar de que aceptaron cumplir con su deber de facilitar a la paciente el acceso a todos los medios adecuados, «que incluían poner en su conocimiento cuantos medios conoce la medicina para diagnosticar malformaciones», como el Síndrome de Down.
La sentencia recuerda que la Ley General de Sanidad establece el derecho del usuario de los servicios sanitarios públicos y privados a que se le dé en términos comprensibles información completa y continuada y a la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico.
Por todo ello, el alto tribunal considera que en este caso se privó a los padres del derecho a la información que les asistía y ello les impidió decidir de «una forma consciente y responsable sobre la oportunidad de someterse a unas pruebas posteriores de confirmación y tomar en su vista la solución más favorable a sus intereses».
El Tribunal Supremo anula de esta forma la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Barcelona que absolvió a los dos doctores al considerar que la prueba de la Triple Screening es «un recurso para cribar a una población determinada y establecer un grupo de riesgo estadístico para el Síndrome de Down».
La Audiencia Provincial expresó en su sentencia ahora revocada que en el momento del embarazo la prueba no era obligatoria y destacó que el Síndrome de Down «es un riesgo siempre presente en la especie humana».
Señaló además en su fallo, por el que anuló el anterior, emitido en primera instancia, que condenaba a los médicos al pago de la indemnización ahora confirmada, que la edad de la madre y su falta de antecedentes médicos no permitían valorar que existía un riesgo.
http://www.larazon.es/noticias/noti_soc33450.htm
El Tribunal Supremo ha condenado a dos médicos dependientes del Instituto Catalán de la Salud a indemnizar con la cantidad de 90.152 euros (15 millones de pesetas) a los padres de un bebé que nació con Síndrome de Down.
El alto tribunal considera que los doctores violaron el derecho a la información de los progenitores ya que no les informaron de la pertinencia de que la madre se sometiera a la denominada prueba de Triple Screening, que sirve para descartar algunas enfermedades cromosómicas del feto.
Los padres imputaban a los dos especialistas demandados la no realización de esta analítica de sangre y la vulneración de sus derechos de información, que les privó de su derecho a decidir si la madre se sometía a una interrupción legal del embarazo.
Según la sentencia del alto tribunal, hecha pública hoy, en el año en el que nació el niño, 1996, ya se tenía conocimiento de la existencia de la citada prueba y se aconsejaba su práctica a todas las gestantes por parte del Colegio de Médicos de Barcelona.
El Tribunal Supremo destaca en el fallo que a pesar de que la madre -que tenía en el momento del parto 31 años- no se encontrara en situación de riesgo relevante, «si existían pruebas para conocer el riesgo de concebir un hijo con malformaciones debió ser informada sobre las técnicas de diagnóstico».
Los dos médicos, considera la sentencia, tenían la obligación de proporcionar esta información y no lo hicieron, a pesar de que aceptaron cumplir con su deber de facilitar a la paciente el acceso a todos los medios adecuados, «que incluían poner en su conocimiento cuantos medios conoce la medicina para diagnosticar malformaciones», como el Síndrome de Down.
La sentencia recuerda que la Ley General de Sanidad establece el derecho del usuario de los servicios sanitarios públicos y privados a que se le dé en términos comprensibles información completa y continuada y a la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico.
Por todo ello, el alto tribunal considera que en este caso se privó a los padres del derecho a la información que les asistía y ello les impidió decidir de «una forma consciente y responsable sobre la oportunidad de someterse a unas pruebas posteriores de confirmación y tomar en su vista la solución más favorable a sus intereses».
El Tribunal Supremo anula de esta forma la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Barcelona que absolvió a los dos doctores al considerar que la prueba de la Triple Screening es «un recurso para cribar a una población determinada y establecer un grupo de riesgo estadístico para el Síndrome de Down».
La Audiencia Provincial expresó en su sentencia ahora revocada que en el momento del embarazo la prueba no era obligatoria y destacó que el Síndrome de Down «es un riesgo siempre presente en la especie humana».
Señaló además en su fallo, por el que anuló el anterior, emitido en primera instancia, que condenaba a los médicos al pago de la indemnización ahora confirmada, que la edad de la madre y su falta de antecedentes médicos no permitían valorar que existía un riesgo.
http://www.larazon.es/noticias/noti_soc33450.htm
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
