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Tratamiento sanitario privado con cargo a los fondos públicos.
El Juzgado de lo Social número 1 de Granollers (Barcelona) estima que el Servicio Catalán de Salud es incapaz de ofrecer a un niño autista de 4 años una prestación eficaz por lo que ha de abonar todo el tratamiento que ha necesitado (16.716 euros hasta la demanda) y el que necesitará en una fundación privada y demás gastos que requiera en un futuro.
Aunque no sea una situación de vida o muerte sí que se trata de una "urgencia vital" que requiere una respuesta inmediata porque es imprescindible que el menor reciba esta prestación sanitaria y que no hacerlo "incidiría de forma determinante en su dignidad como persona".
Tratamiento sanitario privado con cargo a los fondos públicos.
El Juzgado de lo Social número 1 de Granollers (Barcelona) estima que el Servicio Catalán de Salud es incapaz de ofrecer a un niño autista de 4 años una prestación eficaz por lo que ha de abonar todo el tratamiento que ha necesitado (16.716 euros hasta la demanda) y el que necesitará en una fundación privada y demás gastos que requiera en un futuro.
Aunque no sea una situación de vida o muerte sí que se trata de una "urgencia vital" que requiere una respuesta inmediata porque es imprescindible que el menor reciba esta prestación sanitaria y que no hacerlo "incidiría de forma determinante en su dignidad como persona".
- El Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de la Generalitat catalana reconoció al niño una discapacidad psíquica con una disminución total del 75%.
- La sanidad pública ofreció al niño una hora semanal de tratamiento para abordar su trastorno.
- Los padres acudieron entonces a una fundación privada dedicada al tratamiento de niños autistas, donde aplicaron al menor un tratamiento intensivo con psicólogos, logopedas y pedagogos con un mínimo de 20 horas semanales.
La sentencia afirma que el tratamiento que ha recibido el niño desde abril de 2006 ha sido muy positivo y que debe seguir así el tiempo que crean los profesionales que le tratan.
El padre abandonó su empleo de mecánico para dedicarse de pleno al menor. La madre trabaja a tiempo parcial en una guardería y el niño le absorbe todo su tiempo libre.
La sentencia ha sido recurrida, por lo que los padres deben continuar pagando el tratamiento.
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